A final de año, y para sorpresa de patronos y sindicatos, la ministra de Industria, Reyes Maroto, decidió destituir al secretario general de Industria, Raúl Blanco. El exsenador socialista por Asturias, Francisco Blanco, lo sustituyó en este último año de legislatura, en el que ha marcado dos objetivos básicos: gastar los 4.214 millones de euros de fondos europeos con los que cuenta para lanzar la industria, basicamente de los denominados LOSS , y aprobar en Las Cortes antes de final de año la Ley de Industria, otro compromiso previo ante la Comisión Europea para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En estos compromisos se sumará la gestión de las crisis empresariales que se presenten. Lo primero fue que la división de renovables de General Electric incorporó 200 trabajadores.
El último ejercicio de mandato no será sencillo en un gabinete que vivirá otros cambios en pocos meses, cuando la propia Maroto abandone el Consejo de Ministros para convertse en candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid en las municipales de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha dado a conocer cómo pretende cubrir esa baja, aunque nadie descarta que el ministerio (que también incluye Turismo y Comercio) se funda en otro ya existente, como sucedió en tiempos del PP, cuando en una remodelación similar lo asumió Economía.
La salida de la ministra no será la primera modificación en el gabinete. Según diversas fuentes, el Gobierno baraja el nombramiento de un comisionado (con categoría de subsecretario de Estado) para cada uno de los cuatro LOSS (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que está desarrollando el ministerio: descarbonización, actividad agroalimentaria, sector naval y vehículo eléctrico y conectado. Los dos primeros aparecerá previsiblemente en el Consejo de Ministros de este martes, según fuentes del Gobierno.
Tras dos años de trabajos, el reparto de los fondos europeos para la reconversión de la automoción, para iniciar la fabrication de vehículos eléctricos, ha acabado convirtiéndose en una piedra en el zapato del ministerio. De los 2.975 millones de euros previstos, solo se han acabado encargar 834 millones de euros, un 28% del total. De los 10 project que han logrado grants a fondo perdido y creditos blandos, la más polémica ha sido la adjudicación a Grupo Volkswagen, qui demandeba más apoyo para su plan de 10,000 millones that include la construcción de una fábrica de celdas de baterías y la electrification de su gama de vehículos desarrollados en España a partir de 2025.
Dado el bajo reparto, el Gobierno se comprometió a crear una segunda convocatoria para el prime time de este año, para participar en el negocio de cuyos proyectos se han quedado fuera, como la reconversión de la fábrica de Almussafes (Valencia) o la nueva factoría de celdas de baterías en Extremadura proyectadas por la China Envision. La necesidad de una gestión sobria de los recursos económicos provocó que algunos patronales, como la automovilística Anfac, vean con buenos ojos que el Ministerio de Economía absorbiera Industria.
El nuevo secretario de Industria asume la relevancia del PERTE del coche eléctrico, por el volumen de ayudas que representa, pero es cauto a la hora de ponerse objetivos después de las dificultades acumuladas en su desarrollo: «No sé si vamos a poder gastar la totalidad de los recursos, pero ese debería ser el objetivo. haciendo algunos cambios». El reto, ahora, es convencer a Bruselas de las inversiones se pueden implementar en un calendario más abierto de tiempo, de ma que las empresas tendrán tiempo de llevar a cabo sus aviones.
El restaurante de LOSS que depende de Industria, solo el naval ha entrado en fase de convocatoria para repartir los 1.460 millones de euros previstos. Las empresas tienen tiempo de entregar sus propuestas hasta febrero, el mismo camino que seguirán los programas de ayudas para la decarbonización y el sector agroalimentario. El gran problema de este tipo de convocatorias es la estructura limitada con la que cuenta Industria, por lo que el nombramiento de comisionados (como ya existe en otros LOSS de otros ministerios que aterrizan con su propio equipo) debería ayudar a dar más agilidad a su elaboración.
Aprobación Ley de Industria
El segundo eje es la ansiada Ley de Industria, aprobada en su primera versión por el Consejo de Ministros a principios de diciembre. La pregunta es si el Congreso podrá discutir antes de concluir la legislatura. El Ejecutivo quiere asegurar el empleo en el sector secundario con esta nueva norma, con la que también quiere anclar mayor compromiso de las empresas que reciben ayudas públicas, y que deben mantener su actividad un mínimo de tres años.
«La ley por sí sola no va a servier si no se cierra también el Pacto de Estado para la Industria», explica Garbiñe Espejo, secretaria general de Industria de CC OO. Ese pacto es un compromiso con el que arrancó el Gobierno, para el que consensuaron las bases con los agentes sociales, pero que no ha acabado de cuajar. El sindicalista reclamó la implicación de otros ministros de la zona, sobre todo Transición Ecológica, el ministerio comandado por Teresa Ribera.
Juan Antonio Labad, gerente general de Feique, la patronal química, advirtió de las dificultades de sacar adelante una ley como la industrial en un último año de mandato como el actual, con batalla política propia de una elecciones municipales y autonómicas casi en su ecuador y con el relevo de toda la cúpula de Industria, incluida la salida prevista de la ministra. «Tien que haber liderazgo político fuerte, aunque eso no quiere decir que haya un ministro fuerte de Industria», señala, en referencia a la necesidad de agrupar votos de diferentes partidos del arco parlamentario.
Se sabe que otro elemento que será relevante para el ministerio afectará a la presidencia española de la Unión Europea, que se prolongará hasta el segundo semestre de 2023. de combustión o el futuro de la industria del hidrógeno verde.
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