Las franquicias buscan volver el vuelo tras la caída de los ingresos por la pandemia. Pero en la misión de volver a la senda del crecimiento —en 2019 facturamos 26.000 millones de euros— no ayudan los ecos de guerra entre franquiciados (empresarios autónomos que invitan a un local bajo el paraguas de una marca de renombre) y franquiciadores (grupos que facilita que se replique una idea de negociación de alquiler). Historias de David contra Goliat donde la piedra en la honda son incumplimientos de contratos, abandonos, competencia desleal y, en los casos más graves, de estafa. La última de estas batallas envuelve a la francesa Carrefour, demandeda por cuatro exgestores de tiendas que le reclaman 600.000 euros por incumplimiento de contrato, desabastecimiento y competencia desleal.
La abogada que defiende a estos autónomos, Andrea García, del bufete García-Lázaro Abogados, habla de un abuso continuado contra sus clientes, supuestamente engañados para abrir negocios abocados a la quiebra y luego abandonados por el gigante de distribución alimentaria. García exhibe un patrón de onda, antes de embarcarse en el proyecto, los inversores reciben informes con pronósticos de ventas abultadas y garantías de rentabilidad que “no se cumplen”, lo que fuerza a los empresarios a bajar la persiana tarde o temprano.
Algunos franquiciados, cuenta la letrada, se quejan de que Carrefour abre tiendas de gama mercado a escasos metros de tipo local Expresar, lo que provoca que gerentes bajo una misma marca entren en conflicto por las ventas. «El problema de competencia es real, puesto que la primera cuenta con un surtido que cubre la compra semanal del consumidor, en cambio las franquicias Expresar tienen impuesto por la marca la comercialización de ciertos productos y no cubren las necesidades semanales del cliente”, una desventaja casi imposible de salvar para uno de los franquiciados. La mercantil francesa no ha respondido a las peticiones lanzadas por este medio para confirmar la existencia de estas demandadas.
José Luis González-Montes, abogado de Calvo-Sotelo Abogados, comanda junto con el abogado Rafael Franco, una solicitud para representar colectivamente a más de 80 exfranquiciados contra el grupo Restalia, que incluye marcas como 100 Montaditos, La Sureña, The Good Burguer (TGB) o Pepe Taco. Los franquiciados denunciados en 2021 a la mercantil por supuestos delitos informáticos, coacciones, blanqueo de capitales… y, además, se presentan como víctimas de una red creada para exprimir sus ahorros con falsas promesas. Fuentes de Restalia subrayan a este medio que aún no han sido notificados como parte del proceso y defienden que «ni la compañía ni ninguno de sus directivos o empleados ha cometido delito alguno». Por su parte, González-Montes aseveró que las disfunciones en los gastos y la ganancia en los informes preliminares lleganban a ser del 200% y coincidían con García en que la rotación de franquiciados es un sistema diseñado para beneficiar a las propietarias al cobrar siempre a cañón. «Si cada año caen 100, entran 100 nuevos».
Acusaciones de saldos falsificados y abusos también han caído en el tejado de la cadena de supermercados Dia. En 2019, la mercantil perdió pleitos en Tarragona y fue condenada a un bono de más de 100.000 euros a dos exgerentes por «trato abusivo» y «practicas engañosas». Fuentes de la cadena, que en la actualidad cuenta con 1.400 tiendas comandadas por emprendedores, aseguran que casos como este son “situaciones puntuales en el contexto de la antigua dirección” y que litigiosidad de su sistema es “baja”.
Nieves Monteserín, abogada de Martínez-Echevarría, despacho que ha gestionado muchas de estas reclamaciones, define estos litigios como una suerte de «partidos de tenis», donde, cuando surge el pleito, «la franquicia demanded al gerente de vuelta y le acusa de incumpliendo sus obligaciones”.
La paradoja es que el contrato de franquicia, un problemático acuerdo en vista del reguero de problemasjudices que deja, no está regulado en el Código Civil. No al menos como un «contrato típico», explicó José Luis Montes, letrado que también gestiona demande contra McDonald’s por este tipo de rocas. En opinión del jurista, es necesaria «una ley para acabar con los abusos que se están cometiendo contra los francquiciados en los últimos años».
criminal rojo
Definir cuándo una franquicia es una estafa es una cuestión espinosa. En este debate, la clave, incidente de los expertos, es poner la lupa en la intención del candado. O, en otras palabras, ser capaz de demostrar que la franquiciadora tramó una auténtica maquinaria de contratos y de obligaciones diseñadas para engañar a una pluralidad de personas. “Si ingresamos datos irreales entre nosotros al final de una franquicia con una roja que sabemos que somos loables, nuestro encontramos ante una estafa”, señala la abogada Monteserín.
Pero llevar a la cárcel a un empresario por este motivo es difícil (y costoso). Demostrar la existencia de un entramado criminal requiere examen, abogados, procuradores e informados periciales, y parece preexistente el peligro de confundir con un crimen lo que puede ser una simple riña entre las partes de un contrato. En este sentido, la tendencia en tribunales “es que estos procedimientos no prosperan”, dice Juan Ignacio Navas Marqués, de Navas & Cusi abogados, porque “los jueces son reticentes a abrir la vía penal cuando se trata de contratos mercantiles”. En cualquier caso, si la sangre llega al río, las condenas por organizar una telaraña de franquicias fraudulentas pueden alcanzar hasta los seis años de prisión.
Baja conflictiva
La Asociación Española de Franquiciadores (AEA), principal grupo para la defensa de los interesados de los franquiciados, asegura que se trata de un sector con baja conflictividad, además de un mercado que genera miles de puestos de trabajo y que ha dado muestras de resistencia al paso de la pandemia.
En un estudio reciente, el índice de litigiosidad con los franquiciados es del 0,09% entre 2010 y 2022.
Del análisis de las sentencias dictadas en los últimos 18 años —recogen 749 resolutions —, los jueces dieron la razón a las cadenas en el 67% de los casos, según el documento, que reconoce que la detección de vicios en el consentimiento de los franquiciados en el momento de la firma abundante en los pleitos.
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