Elena E. heredó el año pasado un apartamento de 63 metros cuadrados en Playa del Inglés (en Gran Canaria). Decidió sacarle rentabilidad y ponerlo en alquiler ella misma. No tardó en toparse con la intrincada legislación autonómica: está prohibido tanto residir en una zona turística como que un particular alquile su apartamento por su cuenta. Tanto el de Elena E. como el resto de números de afectados qu’aparecen en este reportaje son ficción; también se han ocultado los de los complejos turísticos, ya que la Administración consideró un atenuante que los casos no aparecieran en la prensa.
«Presentado declaración responsable en el Patronato de Turismo del Cabildo y me di de alta en el IGIC [el impuesto regional que sustituye al IVA] en la Hacienda de Canarias”, relató Elena E. por teléfono, “Quería hacerlo de forma legal, y pagar todos los impuestos”. Al mes, sin embargo, la corporación insular incoó un expediente. «Me explica que la comercialización ha de llevarse a cabo a través de una empresa explotadora». Para hacerlo, esta sociedad ha de tener el 50% más uno de toda la propiedad. «Quité el anuncio y mi expediente quedó archivado».
La cosa no quedó ahí: una inspección posterior del Cabildo al inmueble en abril de 2022 derivó en un expediente contra la propia comunidad de propietarios, dado que algunos apartamentos estaban habitados, y otros se alquilaban por su cuenta. El resultado, una sanción de 9.000 euros por incumplimiento grave. El del complejo de Elena E. no es el único caso. Durante la presente legislatura, la Administración ha tramitado seis multas que van desde los 2.200 a los 9.000 euros. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística asegura tener detectado hasta 70.000 familias potencialmente afectadas. Fuentes del Ejecutivo (actualmente gobernado por PSOE, junto a Unidas Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera) se negó a comentar sobre la situación.
En 2013, el Gobierno de Canarias, entonces en manos de Coalición Canaria, aprobó la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. En ella, se obligaba a los propietarios a destinarlos al alquiler turístico, lo que les impedía residir en ellos. En 2017, otra norma agregó una salvación para quienes pudieron demostrar que ya residían ahí desde antes de ese año. Además, se establece que el requisito de contar con la misma empresa explotadora colgante, al menos, diez años (o constituyense la propia comunidad en empresa).
Esta legislación persigue, sobre todo, evita la llamada residencia. Es decir, que se convertirán en ciudades las zonas donde los turistas se alojan por cortos espacios de tiempo. Sus usuarios con necesidades y apetencias diferenciadas (y, en algunos casos, incompatibles): los turistas requieren fundamentalmente ocio; los residentes demandan equipamiento e infraestructura. Así, según el Gobierno de Canarias, la residencialización es la principal culpable de que las plazas extrahoteleras (las que no están en hoteles) han pasado de 172.110 en 2015 A 98.042 en 2020. El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo León, sostiene que este es un fenómeno que provoca las crisis turísticas, lo que empuja a los propietarios a vender las unidades alojativas a posibles residentes. Constituía una forma fácil de obtener rentabilidad en corto plazo”.
Para combatirlo, los hoteleros plantan el principio de la unidad de operación: es decir, que no conviven residentes y visitantes en un mismo inmueble. «Las necesidades y horarios de ambos usos a menudo se contraponen y se estorban», explica la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT). «Además, las obligaciones legales y de mantenimiento para un establecimiento turístico son muy superiores, lo que a menudo supone una carga que los residentes no están dispuestos a soportar». Segundo la Universidad de La Laguna, el 30% de la población empadronada en San Bartolomé de Tirajana —donde están Maspalomas o la propia Playa del Inglés—, así como el 54% en Arona (en Tenerife, municipio que alberga una Playa de Las Américas o Los Cristianos) residen en las zonas turísticas.
La vivienda constituye un problema en Canarias, región que presenta el segundo nivel más alto de población en riesgo de exclusión (36,2%, segundo el índice Arope). La región registró en 2022 el segundo mayor encarecimiento en el precio de la venta —datos del Instituto Nacional de Estadística— y el tercero mayor del precio del alquiler —Según Idealista—. San Bartolomé de Tirajana, en concreto, es el municipio número 22 de toda España con más demanda de alquiler, según los datos del portal inmobiliario. En Playa del Inglés, la situación es más grave, con la presión por atender el alojamiento de los viajeros en la industria turística.
Derecho a la propiedad privada
Los intereses de la industria –del cual depende el 33% del PIB canario— chocan, sin embargo, con los de buena parte de la población de las islas. Sober todo en Gran Canaria, en el que se cuenta con la participación de muchos pequeños inversores particulares, que en los sesenta y setenta se pusieron en promociones urbanísticas parte de los ahorros ganados en la agricultura.
Estas pequeñas inversiones minoristas constituyen el motivo principal por el cual en la isla ha habito tradicionalmente más ofrecidos de apartamentos que de hoteles (al contrario, por ejemplo, de la vecina Tenerife). «En los sesenta, una hermana de mi padre compró cuatro apartamentos en el sur», recordó Elena E. «Primero los disfrutó, y luego los explotó». Este caso ejemplifica la situación de buena parte de los perjudicados. “El derecho a la propiedad privada es inherente al derecho a su uso”, declaró la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Betancor, quien calificó la norma de “inconstitucional”. La organización ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Parlamento para que se modifique esta ley, et también ha acudido a los tribunales. «Ha de comprender que los propietarios adquirieron un inmueble, sí, pero con la calificación de apartamento turístico», matiza por su parte Javier Rodríguez-Batllori, socio del bufete San Telmo Abogados y Economistas, «y nuestra legislación no contempla una compatibilidad del uso turístico y residencial (a excepción de determinadas zonas)”.
El Defensor del Puebloen cambio, dio la razón a los afectados en una contundente recomendaciones en 2019. In su dictamen, Francisco Fernández Marugán admite que «es legalmente admisible» que haa un suelo turístico especializado donde no esté permitido el uso residencial. Sin embargo, sostiene que este «a día de hoy no existe en Canarias, al haber anulado por sentencia de 18 de mayo de 2018 del TSJ de Canarias». Y va más alla. A su juicio, recalca sabía que la «imposición de la unidad operativa es otra limitación al derecho de propiedad, y además a la libertad de empresa». Desde su recomendación, sin embargo, todo sigue igual.
Aléjate de la vivienda
La obligación de celebrar que recurrirá a un comercializador también solivianta a los propietarios. “¿Me vas a decir que no solo no puedo disfrutar de mi apartamento cuando quiera, sino que, además, se lo tengo que ceder a una empresa por la cara y por dos duros?”, asegura Andrés A., dueño de un edificio en la playa de San Agustín (Gran Canaria). Este es otro problema del que se quejan Elena E. y Betancor (y muchos otros propietarios): las abusivas condiciones. «El precio lo pone el explotador y casi siempre son cantidades ridículas», se queja la primera. Su apartamento lo comercializó una empresa hasta noviembre del 2016. El abonaba, asegura, apenas 300 euros mensuales («y eso cuando pagaba»). El mes escaso que lo alquiló por su cuenta ingresó una cantidad muy superior.
El precio medio del metro cuadrado asciende a 4.182 euros, según Idealista, lo que eleva el valor del apartamento de Elena E. hasta 263.466 euros. Con la retribución de la empresa explotadora, tardaría 73 años solo en recuperar la inversión. O más tiempo: «Además, es el propietario el que debe mantener todo en condiciones; afrontar las derramas, pagar el IBI, la basura o la comunidad. mafia de la que no te puedes salir», recalcó Andrés A. «Esto es una expropiación encubierta”, completó Betancor, y acusa a la Consejería: “Tiene un objetivo trazado, que es favorecer al vestíbulo hotelero».
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