Fumata blanca con el plazo consumido: la Comisión Europea ha desbloqueado el tercer tramo de los fondos del plan de recuperación asignado a España. Trato de 6.000 millones de euros, que suman los 31.000 millones son recibidos en los anteriores deembolsos. Bruselas ha dado el si este viernes mediante una evaluación preliminar, en la que tragó la consecución de los hitos y objetivos a los que el Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido para liberar esa parte de las ayudas. En esta ocasión la valoración positiva es legal con un pero, que ha sido la causa de la demora: el sistema de auditoría y control de los fondos diseñados por el Gobierno. Las autoridades comunitarias dan un toque de atención al Gobierno porque ese mecanismo llega con retraso, pero da por cumplidas las mejoras que le exigen.

Para el Gobierno español, es un espaldarazo importante que Bruselas de este lugar apenas dos días antes de la llegada de la misión del parlamento europeo a España para analizar el uso del plan de Recuperación. El viaje de los parlamentarios europeos -que son mayoritariamente españoles- es visto con suspicacias por el Ejecutivo y los socialistas, que temen que convertirse en un arma arrojadiza de los conservadores (españoles y continentales), que siempre que pueden tratar de atacarles por este flanco .

El paso dado este viernes consiste, administrativamente, en el visto bueno del Ejecutivo europeo a las reformas y las metas compromisos por España en su plan de recuperación para este tercer pago. La evaluación pasa ahora al Consejo de la UE, es decir, los miembros países, que tiene dos meses para hacer observaciones si lo considera y, después, darle el permiso a la Comisión para que haga finalmente el pago.

No, ha sido esta vez la primera ocasión en la Bruselas ha evaluado el sistema de control y auditoría del plan. Ya lo hizo en el primer tramo, a finals of 2021, pero pidió a España que realizara ajus. En concreto, la reclamó una mejora en la compilación de datos sobrios beneficiarios de estas ayudas que sean propietarios de compañías extranjeras, así como el refuerzo interno de l’acceso a la información para evitar conflictos de interés.

Este hito —como se conocen en jerga técnica los compromisos asumidos por los Estados miembros para acceder a las ayudas— estuvo bajo los focos el pasado octubre, después que la agencia de noticias Bloomberg publicara que España se arriesgaba a perder dinero del fondo ante el riesgo de no tenerlo a punto a tiempo. Bruselas ha acabado evaluando de forma positiva cómo España ha seguido desarrollando el mecanismo de supervisión de los fondos.

Entre las mejoras analizadas, se incluye que la Agencia Tributaria ha firmado tres acuerdos con los notarios, los registradores de la propiedad y el Ministerio de Justicia ha adoptado un protocolo para recopilar información sobre empresas extranjeras. Al mismo tiempo, ha emitido una orden ministerial que da poderes para solicitar datos relevantes a autoridades extranjeras y se han reforzado los procedimientos de control interno. Además, el Gobierno ha desarrollado una nueva herramienta informática para revisar ex ante los riesgos de conflictos de intereses. Con estas actuaciones, la Comisión da por cumplidas las mejores que demande ya las que no darían seguimiento. Es decir, Bruselas no llevará a cabo otra evaluación aparejada al débloqueo de futuros fondos qu’analice si las mejoras se han implementado correctamente.

Tanto el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, como la ministra española y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, habían avanzado que los fondos relativos al tercer desembolso llegarían «en los próximos días». «Estamos trabajando intensamente, como siempre, con las autoridades españolas, que han tenido el privilegio, pero también la responsabilidad, de ser pioneros en el proceso del Plan de Recuperación y Resiliencia», dijo el italiano el pasado lunes. De hecho, España ha sido el primer país en pedir el débloqueo del tercer tramo, junto con Italia, y será la primera en recibir el dinero el próximo 28 de marzo.

reformas comprometidas

Más allá de este problema con el system de control, ya resuelto, el cumplimiento de los compromisos y recepción de fondos ha ido prácticamente según lo previo. España superó, incluso con nota, la demanda de una reforma laboral que redjera la temporalidad, que se presumía uno de los grandes obstáculos del plan. Ahora llega otro de esos grandes obstáculos a saltar, la reforma de pensiones, que se evaluará su totalidad en el cuarto pago y todavía no está aprobada. Las negociaciones de la Seguridad Social con agentes sociales, grupos políticos y Bruselas no han concluido. De su resultado depende buena parte de lo que suceda de ahora con el plan.

El fondo de recuperación, diseñado para mitigar el impacto del covid-19, es un mecanismo sin precedentes de apoyo al crecimiento económico y social de los países miembros que la UE nunca había experimentado antes. Se trata de un balón de oxígeno basjo formado de transferencias —así como de un paquete adicional de préstamos—, a cambio de unas amplias reformas que Bruselas va evaluando antes y después de ejecutarse.

España es uno de los países que va a recibir más dinero de este nuevo esquema, por haber sido de los más afectados por la pandemia, y fue el primer país del club en pedir este tercer déembolso en noviembre. La primera transferencia, suscrita en 2021 por parte del Ejecutivo comunitario, fue una prefinanciación que se entregó por aprobar el plan de recuperación. El primer pago oficial, de 10,000 millones, fue desbloqueado tras cumplir con 52 hitos, entre los cuales se encontraron reformas ya en marche como la ley jinete o el ingrediente vital mínimo.

El segundo déembolso, el más ingente —12.000 millones de euros—, iba aparejado tiene un conjunto de 40 objetos para que formen parte cambios relevantes, como la reforma laboral o la primera parte de la reforma de pensiones. Este último paquete ha sido despertado recelos dentro de la Comisión Europea, que dio luz verde al pago, pero expresó dudas sobre todo acerca del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

A este tercer tramo iban aparejados 24 hitos y 5 objetivos, llevados a cabo en 2022, que la Comisión evaluó durante tres meses —uno más de lo habitual—. Además del sistema de auditoría, el Gobierno se ha comprometido a aprobar la reforma de la ley concursal, la ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional y la reforma del sistema de cotizaciones sociales de los autónomos, lo que implica un cambio paulatino para este vayan acercándose a los ingresos reales; avances en proyectos de I+D+i en el sector de la automoción; revertido en el sector pesquero; medidas para ampliar el alcance del ingreso mínimo vital e inversiones en cultura.

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