Cuatro comunidades pierden al menos medio centenar de parques de renovables por falta de tramitación | Economía

Decenas de proyectos para construir parques eólicos y fotovoltaicos en España quedaron en la madrugada del miércoles al jueves en el aire al loser el point de access à la red de transporte energético al que tenian derecho. El motivo es el fin del plazo que el Ministerio para la Transición Ecológica impuso para que obtuviera la declaración de impacto ambiental (DIA) necesaria antes de que finalizara el 25 de enero. En una suerte de carrera contrarreloj, el departamento de Teresa Ribera asegura haber cerrado los dos centenares de expedientes que tenía pendientes. Esta acumulación no es posible en el caso base de cuatro comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Murcia e Islas Baleares. En ellos, 50 parques eólicos quedan rezagados por la tramitación administrativa.

Este jueves, la gran mayoría de gobiernos autonómicos podrán sacar pecho por haber llegado a tiempo para sacar adelante los expedientes que estaban en las mesas de sus técnicos. Galicia ha sido la más incumplidora, con 20 proyectos que no han obtenido una respuesta de la Xunta, ni afirmativa ni negativa. Le siguen Cataluña, con 17 parques pendientes de respuesta, Murcia (11) y Baleares (la Administración sospecha que hay dos parques sin tramitación ambiental).

Las cifras definen sobriamente la potencia instalada que ha pasado el cedazo de las administraciones y de los que han perdido su punto de conexión por falta de tramitación no se conocerán hasta las próximas semanas, cuando su tramitación tome cariz oficial al pasar por el Boletín Oficial del Estado (BOE) o sus equivalentes autonómicos. “Aún no se puede saber con exactitud qué porcentaje de ellos no han obtenido respuesta por parte de la Administración: aún tendrán que pasar semanas”, se queja Juan Virgilio Márquez, máximo responsable de la patronal eólica AEE.

La organización de los promotores de parques fotovoltaicos no tiene datos definitivos y, en el caso concreto de la eólica, a cierre de ayer se resolvieron doce gigavatios de eólica que estaban en riesgo, según la asociación de empresas eólicas. De ellos, más de las tres cuartas partes han recibido una declaración de impacto ambiental positiva. Otros siete gigavatios, sin embargo, están «en riesgo», en palabras de Márquez. La razón de este decalaje es doble: por un lado, la no obtención de la declaración de impacto ambiental no es precisamente la falta de publicación, sino sólo pasa una semana o más desde que se obtiene hasta que se publica en los boletines oficiales; por otro, algunas autonomías «pueden optar por otorgar algunas declaraciones de impacto ambiental porque únicamente les falte el papel final».

El burocrático acelerón en las últimas semanas ha reducido en gran medida ese atasco: hace un mes, en Navidades, los siete gigavatios actualmente atorados eran más de 11 GW. «Se ha ido muy rápido, lo que también nos debe llevar a reflexionar sobre si no se podría haber agilizado todo antes», explica Márquez al otro lado del teléfono. En la asociación que comanda, la AEE, dos personas llevan meses dedicando la mayor parte de su jornada laboral a peinar los boletines oficiales en busca de resoluciones de proyectos renovables. “Hace falta un sistema que dévisibilidad a todos los posibles inversores sobre cómo van las tramitaciones. Si no, lo percibirán como un riesgo a la hora de inverter en España”, cierra.

Riesgo de disputas

Los promotores que no han recibido la DIA a tiempo han perdido los derechos de conexión a la red qu’habían logrado desde 2018 y los 40 euros por megavatio (MW) de potencia que pretendían y que tuvieron qu’invertir como garantía para seguir en el proceso administrativo. Dependiente de la Administración, ahora se les abre la posibilidad de iniciar reclamaciones judiciales de responsabilidad patrimonial por el dinero que podrían haber generado si sus parques habrían entrado en explotación y litigios para, al menos, no perder los avales que implementaron cuando consiguieron su punto d ‘ acceso.

Y para los centenares de empresas que han logrado superar con éxito la fecha del 25 de julio, todavía no se ha terminado su odisea administrativa y las líneas rojas marcadas en el calendario. Para seguir adelante con sus parques tendrán que esperar que las administraciones responsables les aprueben el 25 de abril la autorización administrativa previa (el denominado hito 3) y el 25 de julio el permiso de construcción (hito 4), último antes de iniciar las obras y poder poner en marcha el parque cuando estas hayan concluido.

El arreón en la tramitación de parques eólicos para que no pierdan sus derechos de conexión a la red eléctrica ha dejado fuera en Galicia 20 expedientes que suman 417 megavatios. El Gobierno gallego, del PP, sin embargo, introdujo en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de este año cambios normativos que beneficiaron a estos proyectos cuyas declaraciones de impacto ambiental no han sido aprobadas a plazo. Sus promotores, por ejemplo, podrán proseguir el papeleo en las oficinas autonómicas, por lo que no obtendrán la autorización definitiva hasta que consigan un nuevo permiso de acceso. Las empresas afectaron no perderán tampoco sus avales porque, esgrime la Xunta, la demora es «por causa ajena al promotor», por la «imposibilidad material de cumplimiento de los plazos».

Tras reforzar las plantillas con 120 personas que trabajaron fines de semana, Navidad y hasta «las 12 de la noche de cualquier día», según la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el Gobierno gallego ha conseguido sacar adelante a tiempo otras 120 declaraciones de impacto ambiental, 77 de votos favorables e impidiendo la instalación de 2.200 megavatios.

En Cataluña el trabajo también ha sido ingente, pero a pesar de ello se han quedado sin poder concluir la tramitación de 17 parques (tres eólicos y 14 fotovoltaicos) que sumaban una potencia instalada de 542 megavatios. Actualmente la comunidad autónoma cuenta con una potencia instalada de unos 1.550 megavatios entre eólica y solar. En los últimos meses la Generalitat ha dado 75 DIA favorables, con una potencia de 1.739 MW. Entre ellos se ha validado un parque en el Empordà, la primera instalación de generación eléctrica de la provincia de Girona.

La Generalitat valenciana analizó un total de 107 temas oportunos al objetivo para este 25 de enero, todos los que expiraban. Más del 50% ha superado esta fase de tramitación al ser informados favorablemente 61, de los cuales 56 son plantas fotovoltaicas y cinco, parques eólicos. De los 46 restantes, 31 tuvieron una evaluación desfavorable y 15 no prosperaron por pérdida de negocio. Estos proyectos producirán 1.356 megavatios.

El Gobierno andaluz aseguró ayer que había cumplido con la totalidad del medio millar de proyectos que tenía sur la mesa, con una potencia de 16.200 megavatios.