La falta de mecanismos de revisión de precios, en un contexto de fuerte inflación y de volatilidad en los materiales de construcción, sigue lastrando la obra pública en España. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) retuvo 318 licitaciones desiertas en el primer trimestre del año, que se corresponde con un volumen de empleos de unos 190 millones de euros. La patronal de las empresas constructoras denuncia que esta situación afecta soberanamente a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, compromete económicamente a muchas pymes y pone en riesgo una parte de los fondos europeos de recuperación.

“Gran parte de las obras financiadas por los fondos Next Generation se pierden en el ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades”, sintetiza el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén. Por eso insta al Gobierno, «sobre todo a través del Ministerio de Hacienda», a «solucionar cuanto antes el problema de los precios, ya que en caso contrario la ejecución de los fondos quedaría comprometida y también frenaría la creación de empleo».

La problemática, según la patronal, llega tanto de la falta de un sistema de revisión de precios «ágil» —unclaim que arrastran hace tiempo y afecta a las obras con plazos de ejecución más largos— como de la redacción de concursos con precios no actualizado. Y, aunque proviene de todas las Administraciones (de hecho, el Gobierno evitó el pasado marzo prorrogar el sistema excepcional de revisión de precios que se había puesto en marcha al detectar esta situación), los constructores ponen el foco sobre todo en las más pequeñas, que usan el silencio administrativo negativo No) cuando la pide una revisión de las importaciones de licitación. «Estamos apreciando cada vez más obras desiertas en comunidades y ayuntamientos», insiste Fernández-Alén.

Loss data recabados por la organización en el primer semestre muestran un problema muy extendido, aunque no se han logrado obtener datos de tres comunidades (Cantabria, Murcia y Navarra). Entre todas las demás, suman al menos 318 licitaciones desiertas por valor de 189,1 millones de euros. Es decir, se trata de trabajos que de medios tienen un presupuesto cercano a los 595.000 euros. Pero los hay por import más altos o más bajos: la mayoría, 254 contratos, no llegaron al medio millón; mientras que 34 superaban el valor de un millón de euros. Los 30 restantes se colocan entre estos candidatos.

62 competiciones del desierto en Canarias

Canarias es la comunidad donde se han identificado más obras que no se han adjudicado: 62, con un valor de 13,3 millones de euros. Sin embargo, hay cuatro territorios que superan en import el volumen del archipiélago. El primero es Extremadura que, con 17 licitaciones desiertas, suma 84,6 millones. Pero hay que tener en cuenta que en una sola obra, la del trasvase entre las cuencas fluviales del Pizarroso, el Alcollarín y el Búrdalo —a trabajo that llevaría a cabo en cuatro términos municipales de la provincia de Cáceres, que sacó a licitación el pasado enero el Ministerio de Transición Ecológica y no recibió ni una oferta— se computan 74,4 millones, según los datos recabados por la CNC.

En conjunto, se tratarán cifras muy similares a las del año pasado: la patronal estimó que en el primer trimestre de 2022 quedaron desiertas 388 licitaciones por casi 230 millones. La diferencia, considera, se puede explicar por la pérdida de datos de territorios muy en los datos del año pasado, febrero y marzo de este año. Además, insiste en el patronato en la necesidad «de un mecanismo de reequilibrio económico de los contratos públicos que sea estable en el tiempo y de una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público». Se trata de una reivindicación que llevamos meses haciendo. El Gobierno modificó esta norma este mes, mediante una enmienda a otra ley, para favorecer la revisión de precios. Aunque el cambio afecta sobre todo a los contratos de servicios y sigue sin obligarse, como pide la CNC, a que todas las Administraciones incorporan mecanismos de revisión de los precios en sus contrataciones de obras.

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