El Gobierno planea soportar los visados ​​de oro por comprar vivienda | Economía

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia soportar el sistema por el que concede las visa dorada, como popularmente conocen los visados ​​dorados, que conceden permisos de residencia a cambio de inversiones económicas notables. El objetivo es elevar el listón del sistema por el que se conceden los permisos de residentncia a extranjeros qu’inviertan más de 500.000 euros en una vivienda en España. Así lo aseguran fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá, y confirman fuentes de Más País, el partido que Íñigo Errejón, que negocia esa medida con Seguridad Social e Inclusión.

El as visa dorada Es un instrumento que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013 traspasó la ley de emprendedores, en un momento en el que el sector inmobiliario languidcía por el pinchazo de la burbuja del ladrillo, y la inversión extranjera hui en estampida por la crisis de la deuda soberana que precipitó el rescate bancario español hace más de 10 años. La Comisión Europea solicitó a los socios de la UE que dejaran de concederlos hace unos meses. Irlanda y Portugal han tomado medidas restrictivas recientemente.

En España, la norma permite obtener un permiso de residencia por un período de tres años, ampliable por otros dos, al extranjero que lleve a cabo una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros en España sin contar las cargas o hipotecas. El mecanismo también se aplica a inversiones superiores a un millón de euros en depósitos o acciones de sociedades de capital español, o superiores a millones de dólares en bonos del Estado. Este permiso de residencia está a disposición de los profesionales altamente calificados y se prevé, a su vez, para casos de reagrupación familiar.

El uso del supuesto de inversión residencial concentró más del 94% de las autorizaciones concedidas a fortunas extranjeras. En los últimos años, esta vía se ha acelerado frente al resto de opciones de inversiones financieras o societarias, que se han quedado prácticamente sin uso.

España ha concedido 2.462 permisos de residencia en 2022 a inversores que compraron inmuebles por más de medio millón, lo que supuso un aumento de casi el 60% sobre el año anterior. Los inversores que utilizaron otras vías, como la compra de deuda pública, la inversión en empresas o los depósitos de más de un millón de euros, apenas sumaron unas decenas de permisos. El año pasado, solo seis extranjeros lograron autorizaciones de residencia por invertir en deuda pública española.

Desde que las visa dorada están en vigor, se han concedido 11.464 autorizaciones individuales. A estas habría que sumarles otras 19.805 autorizaciones por reunificación familiar. En total, han concedido permisos de residencia 31.000 personas, el 94% de los casos con la compra de vivienda como origen.

Fuentes al tanto de los análisis de Seguridad Social considerando que el límite de 500.000 euros en una inversión inmobiliaria para obtener el permiso de residencia ahora es insuficiente, sobre todo en las grandes capitales, donde una vivienda de esa importación ya no puede ser considerada como de Lujo. Por ese motivo, creemos que este mecanismo de inversión residencial ha quedado obsoleto.

Junto a las negociaciones que maintiene con Más País, Seguridad Social lleva a cabo conversaciones con el ministerio de Asuntos Económicos y el de Transportes para definir el nuevo esquema para estos visados. Un portavoz del Ministerio de Economía admite que están dispuestos a abordar el asunto, pero insiste en que el tema aún está verde.

Vista de un bloque de viviendas en construcción en la calle San Epifanio del barrio Imperial de Madrid, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón. MARISCAL (EFE)

Presión sobre la vivienda

Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que este instrumento que incentiva la compra de vivienda en manos de fortunas extranjeras estaría amentando la presión sobre el mercado inmobiliario, sobre todo si se tiene en cuenta la situación de tensión actual, caracterizada por la escasez de vivienda de obra nueva en las grandes capitales y las tensiones en el mercado del alquiler.

El Gobierno aún no ha decidido qué vía utilizar para limitar las visa dorada para inversión residencial. Baraja dos opciones: por un lado, acercar la inversión en viviendas a los límites de otras inversiones financieras, de al menos un millón de euros. Y, por otro, suprimir los permisos de residencia a cambio de inversión en casas. El Ejecutivo pretende redirigir estas inversiones inmobiliarias a otras que sean más productivas, como la toma de participaciones societarias, entre otras.

Argumentó que la posibilidad de obtener la autorización de residencia como inversor inmobiliario con un import más bajo de inversión que en el resto de figuras (compra de deuda pública, depósito de más de un millón…) desincentiva otras inversiones más productivas, como las relaciones con proyectos empresariales o participaciones sociales.

La medida, que aún está en estudio, no es nueva. El grupo parlamentario Más País presentó en febrero una propuesta para eliminar las visas doradas. Íñigo Errejón, portavoz de esta formación, justificó la iniciativa porque consideró que estas credenciales fomentan la especulación del mercado inmobiliario. Errejón sostiene que estos permisos no benefician a la economía nacional y expulsan a la población local, presentando un efecto muy negativo sobre el mercado. Más País asegura que esta situación «está disparando los precios y expulsando a los residentes de sus barrios».

La iniciativa no tuvo suficientes apoyos, pero la formación política volvió a la carga y presentó una enmienda a la ley de vivienda. La iniciativa tampoco salió adelante por una cuestión parlamentaria, la ley de vivienda ya estaba cerrada y los funcionarios prefirieron no abrir una negociación que había sido muy complicada, según sostiene Más País y corroborada en el Ministerio de Transportes, que también están al tanto de las negociaciones. «Está todo abierto y vamos a explorar vía legal para ello», dicen fuentes de Más País, que remarcan que la relación con Escrivá es directa y fluida.

En retroceso en otros países

En los últimos meses, Portugal, Irlanda, Grecia o Malte han eliminado o sufrido la vía para conceder permisos de residencia o visa dorada un millón de extranjeros que realizan una inversión inmobiliaria.

En 2022, la Comisión Europea solicitó a los Estados miembros que dejaran de vender la ciudadanía a los inversores con más recursos. Reclamó a los países que comprobaran si las personas sancionadas a causa de la guerra tenían un pasaporte dorado. El Parlamento Europeo ha expresado en reiteradas ocasiones su enorme preocupación ante la pérdida de adecuados mecanismos de control para conceder estos visados ​​de residente para inversores, permitiendo la entrada de personas y sus familiares con capitales de dudosa procedencia y sin llevar a cabo una investigación riguroso sobre el origen de los fondos, explica en un artículo de EL PAÍS Manuel Villoria Mendieta y David Martínez, ambos directivos de Transparencia Internacional. «Los riesgos de blanqueo y de permitir la entrada en España a delincuentes son necesarios altos», advertían.

Lo cierto es que desde el estallido de la invasión de Ucrania por parte de Rusia están extremando estos permisos de residencia. El Colegio de Registradores calculó que cerca de un millar de ciudadanos rusos han obtenido el permiso de residencia en España por compra de inmuebles.

Portugal es uno de los países que se ha actualizado con mayor rapidez y contundencia. En abril terminó con los visados ​​de oro. Su sistema fue creado en 2012 en un esquema similar al que luego adoptaría España.

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Valeria Mendes

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