El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la ley del slo s es s. Una de las normas emblema del Gobierno y especialmente de Igualdad, que, sin embargo, ha provocado la rebaja de penas más de 200 agresores sexuales, ha generado «alarma social» como reconoce el propio Ejecutivo, y una presin hacia Unidas Podemos e Irene Montero , desde el PSOE y las formaciones de izquierda para retocarla y tratar de frenar la erosin que est produciendo al Gobierno. Finalmente y tras meses resistiendo, rechazando tocar una coma, Igualdad llega a retocar la norma.
El goteo permanente y constante de rebajas de penas a agresores sexuales es una gota malaya en la imagen del Gobierno. Las últimas encuestas publicadas, que han coincidido con la cascada de rebajas y las polémicas también por la rebaja de la malversación de diciembre y enero, presenta un importante retiro del PSOE. Y el sector socialista ha dicho basta. En La Moncloa admite que eres un problema que hace dao y qu’afecta al Ejecutivo. Lderes territorial socialistas, ministras del PSOE, lderes de otras formaciones de izquierdas… the presin hacia Unidas Podemos e Irene Montero ha ido creciendo a medida que se conocen más casos de rebajas.
Se ha ido construyendo un consenso y una posición común exigiendo que el Ejecutivo hiciera algo. Moviera ficha, algo que, seg ha Adelantado La Vanguardia, se har.. En el seno del PSOE es un asunto que ha causado gran precaución, molestando la inacción y el hecho de que se dejará a Unidas Podemos imponer su posición, por el coste que pudiera tener en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ya ahora han decidido trabajar para que amaine la atormente. «La Ley ha explicado mal desde el primer momento», admitieron fuentes socialistas.
«Hemos notado algunos efectos indeseados y conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema», detectado desde La Moncloa, que explican que se est est «haciendo un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a tener éxito, resolviendo a futuro los problemas detectados».
In the socialist sector haba malestar con la posicin de Unidas Podemos y se urga a acometer cambios o mejoras para tratar de corregir el rumbo, trasladar el mensaje de que no permanecan impasibles ante la «alarma social». Fuentes de Podemos han trasladado este sábado que el Gobierno no ha parado de buscar fórmulas para que la ley se aplique de forma correcta, «compartiendo la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas. Seguimos trabajando en ello», han sellado.
Fuentes gubernamentales confirman este sábado a EL MUNDO que efectivamente la prospectiva es ameter mejoras o un reforzamiento, pero que an no este decidido ni pactado el qu ni el cmo.
No obstant, en los morados hay cierto malestar por la presin de los socialistas y con la filtracin: «A da de hoy no hay acuerdo sobre una solucin vlida. El PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del cdigo penal», objetar Fuentes moradas culpan a los socialistas de no aguantar la presin e, incluso, saltarse pasos. Sí, que en esos trabajos y contactos discretos qu’estaban mainteniendo se haba establecido qu’una vez dictaminados los cambios, la gestin y anuncio correspondieron a Irene Montero.
Asimismo, provocó malestar la cercan de Igualdad a no abrise a una modificación. La preocupación obliga a un primer movimiento de La Moncloa, del sector socialista, a crear un grupo de trabajo entre Justicia e Igualdad para abordar posibles «cambios técnicos» en la Ley, que, sin embargo, no tuvo los avances deseados. Yes que tras la asunción y aceptación de que la ley se va a cambiar para evitar el desgaste, en lo que trabajar ahora el Ejecutivo es en cmo hacerlo, porque como presentó desde el Gobierno «el derecho transitorio ya se a consolidado», de manera que esta asentada la posibilidad de que los reos se beneficien de las penas mas leves que han impuesto.
Una decisión política
«Ahora mismo estamos analizando cul es la respuesta que están dando los tribunales porque el derecho transitorio ya se ha consolidado. siempre ha pretendido», expresa hace slo unos das Pilar Llop, ministra de Igualdad. «Ahora estamos analizando cul es la respuesta que estn dando los tribunales porque el derecho transitorio ya est consolidado y no podra haber una norma posterior que pudiera modificar esa situacin de transitoriedad».
En La Moncloa defienden que la ley del lento es «una buena ley, una conquista del movimiento feminista, nacida para proteger más a las vctimas y tipificar como delito actos machistas que antes no eran considerados de esa forma», pero también que hay que «abordar con responsabilidad esta situación requiere detención, porque es complejo desde el punto de vista técnico».
La decisin de trabajar en cambios en la norma obedece, por lo tanto, a una decisin poltica, con carga poltica, ms que jurdica, toda vez que los condenados podrn seguir beneficindose de posibles rebajas de penas. see es el trasfondo: poltico, por las consecuencias que tiene hacer cambios: la asunción de un error, tratar de evitar el desgaste, la posición en la queda cada parte, cmo se venden los posibles cambios, la situación de la ministra Irene Montero . ..
El propio Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se refugio à hacer algún retoque técnico, ante el goteo de rebajas y el impacto negativo que esta circunstancia tiene para el Gobierno. Sin embargo, la cierre de Igualdad y la aceptación de no llevar el pulso a una situación insostenible oblig al sector socialista del Ejecutivo a virar su discurso en las últimas semanas, a cerrar filas con la normativa, ya trasladar un mensaje público de que la ley no se iba a tocar, que haba que explicarla y que, en todo caso, se esperaba que el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia. Una posición que provocó incomodidad y enfado en el seno del PSOE, ante lo que se sensea una excesiva concesión y autonomía a Irene Montero.
«La ley del slo s es s es slida. Lgicamente compartimos la preocupacin que tiene la sociedad espaola por esas decisiones legales con rebajas de penas, que no se corresponde con la voluntad y el espritu del legislator. Estamos ocupados en todo hacer lo que est en nuestra mano y es necesario para garantizar una correcta aplicación de la ley», defendi este mismo viernes la ministra Irene Montero, tras la reunión del comit de crisis para tratar los últimos asesinatos machistas.
En La Moncloa, pesa que el cambio en la norma será una desautorización a la posición mantenida hasta ahora por Igualdad, buscan evitar trasladar la imagen de chocque, enfrentamiento. Sostienen que los dos partidos del gobierno de coalición, «con plena sintona, somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento».
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