The meeting of los vocal progressives para bloquear el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son la última de las maniobras que desde el Gobierno se han puesto en marcha para intentar forzar la renovación del órgano del gobierno de los jueces, con ella, su sustitución por otro de mayora progresiva alineado con la composición real del Parlamento.
La propuesta del vocal y exdiputado del PSOElvaro cuesta de renunciar en bloque para desactivar el Consejo por falta de qu
rhum, que se va a estudiar esta semana, ya tuvo un precedente en el Pleno que el Consejo celebró en diciembre de
2020
, cuando cumpla dos años con el mandato rebasado. De esa reunin salio un acuerdo respaldado por
dieciséis
voices para pedir al Gobierno que lea informarle de las reformas legales que estaba preparando como respuesta a la incapacidad de
polipropileno
y PSOE para salvar la renovación.
Hubo cinco votos en contra, entre ellos el de Cuesta. El vocal ms prximo al Gobierno de
Pedro Sánchez
presente en el Pleno una enmienda alternativa en la que propone anunciar al
Congreso
todos vosotros
senado
– cada cmara nombra a una decena de vocales – la decisin mayoritaria de los miembros del Consejo de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de
2021
. Con eso pretendía obligar a los grupos parlamentarios a renovar el CGPJ.
La enmienda de Cuesta qued en minora y cont solo con otros cuatro votos del sector progresista: los del actual presidente del Consejo,
Rafael Mozo
y las voces
Clara Martínez de Careaga
,
Pilar Sepúlveda
allá
Concepción-Sez
. Esta última es la que esta semana ha presentado
mi renuncia
al presidente Mozo -que an decidir si la admitir- y ha desencadenado con ello un nuevo intento de Cuesta de llegar a una renuncia en bloque de todos los vocales progresistas que dejara al Consejo sin posibilidad de seguir actuante.
Una renuncia que finalmente no lleg ni en bloque ni en parte en aquel pleno de 2020. Al concluir el encuentro, el vocal
Rafael Fernández Valverde
pregunte si deba interpretarse que los cinco de la minora haban renunciado a su plaza y que el CGPJ pasaba a tener 16 voces. Nadie se dio por aludido y los cinco discrepantes se mantuvieron en el puesto.
El acuerdo de ese tumultuoso pleno se centr en las maniobras previas que el Gobierno de coalicin haba puesto en marche para sortear el bloceo. Una de ellas fue la reforma legal que actualmente está vigente y que impide al CGPJ hacer nombramientos de altos cargos legales mientras se encuentra con el mandato prorrogado. El bloco no ha servido para renovar el Consejo pero s ha llevado a una situacin extrema al
Corte Suprema
da la incapacidad para sustituir las vacantes que se produzcan hace ya mella en la resolución de recursos.
Durante el examen en el TC
Adems es un estudiante en el examen de parte del
Corte Constitucional,
al que tanto PP como PSOE han llevado la reforma, por oír que supone una intromisión en funciones que le vienen atribuidas al Consejo en la propia
Constitución
.
La otra de las soluciones activadas desde el Gobierno para resolver el bloco no lleg a ver la luz. Allá
Unión Europea
lo acab impidiendo porque supona no solo reducir la politizacin del Consejo que viene reclamando hace aos, sino de dar el paso hacia una politizacin an mayor.
la propiedad de
podems
consistía en reducir la mayora calificada de tres quintos que actualmente se exige en las Cámaras para designar las vocales, sustituyéndola por una mayora absoluta mucho más accesible. Pedro Sánchez acab renunciando a esta va, que habra permitido al Gobierno y sus socios habitales nombrar a los 20 vocales sin necesidad de contar con el PP.
A las dos reformas legales concretas que llegaron ha plantarse sumaba una constante presin sobre el presidente del Consejo,
carlos lesmes
, por abandonar el puesto. Pesa que la renovación en solitario podría ensuciar el pacto PSOE-PP, ya que el entorno del Gobierno se responsabilizó de la situación de bloqueo. Tras sostener inicialmente que no deba abandonar el puesto, Lesmes lo acabando haciendo el pasado octubre. Con ello buscaba generar una situación extrema que abocara a PP y PSOE a negociar, algo que debido a las presiones de la UE llego a producirse, aunque no a cuajar.
Ninguno de los movimientos del Gobierno ha evitado que el Consejo cumpla cuatro años y tres meses con el mandato prorrogado. Además, tras el punto de máxima aproximación que genera la visita
ad hoc
en España del comisario europeo de justicia,
didier reynders
, las posiciones del Gobierno y del PP han vuelto a alejarse. En contra de llegar a un acuerdo pesa, además de la inercia de cuatro años de protesta cruzadas, el hecho de que el pacto ya no es necesario para renovar al Tribunal Constitucional. Con este órgano ya basculado al lado progresista, el Gobierno sac del foco una falta de renovación del Consejo que ahora vuelve al debate público.
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