La fábrica de celulosa de Ence queda en la ría de Pontevedra. La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administratif del Tribunal Supremo ha este martes los recursos presentados por el grupo papelero contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 anuló la prórroga que le concedido había el Gobierno de Rajoy cinco años antes y que extendía al año 2073 el límite temporal para su actividad. De esta forma, el alto tribunal español dedujo que la fábrica se levantaba sobre el pie de la ría de Pontevedra, dado que consideraba que podía prorrogar las concesiones anteriores en un solo afectado por la Ley de Costas.

La situación de la fábrica de células, ubicada desde 1959 en terrenos públicos cerca del río que adentra en la ciudad de 83.000 habitantes durante, ha dividido años a los vecinos y la clase política frente a la unidad de una plantilla que, con el apoyo de los sindicatos, ha defendido hasta la sentencia de este martes la continuidad de los puestos de trabajo por encima de todo.

La Sala consideró que se podrían prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como este caso, de forma que se conste informado entorno favorable. En el asunto analizado, constaban informes favorables de la Administración en esa materia. La reforma impulsada por el PP en la Ley de Costas de 2013 fue decisiva en el sur porque el gobierno de Mariano Rajoy en funciones concediese el permiso. Sin él, la compañía tiene que haberlo desmantelado plantado en 2018.

Ahora la empresa respiraba tranquila. En un comunicado de prensa, se indicó que “las sentencias del Tribunal Supremo despejan la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las 5.100 familias vinculadas ha podido actuar. Asimismo, aportan a la compañía la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica”. También las cuentas del grupo lo notarán, y mucho. “La reversión de los deterioros de actividades y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tenderá a tener un impacto positivo estimado de 169 millones de euros en beneficio de la empresa de 2022″.

Proceso de diálogo

El grupo es consciente de que, pero más allá del fallo, una gran parte de la sociedad, desde las organizaciones ambientales a las entidades vecinales y el propio Ayuntamiento, seguirán peleando contra su permanencia aunque la sentencia se firme. De hecho, los que se oponen a que siga fabricando pasta de celulosa al pie del mar recuerdan que la concesión de los 612.500 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre que ocupa en la marisma de Lourizán fue concedida por una orden ministerial de la dictadura. Par eso el presidente de la firma, Ignacio Colmenares, ha presionado a pedir calma. “Queremos seguir escuchando la voz de todos”, aseguró en el comunicado. «Esta invitación al diálogo ya la escucha activa incluye también a los colectivos más críticas con la actividad de Ence Pontevedra, a los que volveremos a invitar a reunirse con nosotros».

Uno de los puntos que su empresa deberá abordar será la reanudación de las inversiones paralizadas por la incertidumbre que hasta ahora pesaba sobre su futuro. Las inversiones que pendieron los últimos años fueron redireccionándose hacia su fábrica de Navia, de modo que se llevó a cabo un plan de 105 millones en mejoras. Por el momento, la empresa ha mencionado que se ha comprometido con el plan social que instalará en la comarca «de forma inmediata».

El contenido íntegro de las sentencias, que contarán con el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, se conocerá en los próximos días. El aviso ha provocado un repunte de la cotización de la empresa, que a las tres de esta tarde avanzaba un 17% tras una mañana plana.

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