El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves su posición ante la propuesta de la Comisión de presionar a la grande empresas europeas o con una fuerte facturación en la UE para que identifiquen y eliminen prácticas que promovieran incluso el trabajo infantil, el trabajo forzado, la contaminación o la degradación medioambiental y la pérdida de diversidad a lo largo de toda la cadena de valor de sus operaciones. La denominada directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que prevé multas de hasta el 5% de la billuración global de las corporaciones que no cumplen los requisitos, da así un paso importante, puesto que el visto bueno de la Eurocámara — Pese al voto en contra de los diputados del PP y de Vox – permite pasar a las negociaciones finales con los Estados miembros para acordar un texto legal definitivo.

La propuesta ha salido adelante por un total de 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. Entre los que han rechazado el texto están los diputados del PP y los de Vox, hecho que ha lamentado el socialista Ibán García del Blanco. «Es dramático que el Partido Popular español esté alineado con la parte más carca de la derecha europea», ha declarado. Con su voto negativo, «los eurodiputados del PP transmiten la idea de que para ellos es normal que una multinacional europea utilice mano de obra infantil en cualquier lugar del mundo y que no haya manera de pedirle explica. Tras la imagen anodina del señor Feijóo se esconde el PP más regresivo de su historia”, ha acusado el eurodiputado, que recuerda que el PPE no había manifestado su rechazo a la normativadurante la gran negociación del texto, hecho que demuestra que casi medio centenar de eurodiputados del PPE sí han apoyado este jueves la Ley. Fuentes del PP en la Eurocámara replican que ha habito por parte de los grupos otros políticos «una enorme falta de voluntad para alcanzar un consenso en una materia tan delicada como esta» y lamentan que el texto aprobado no sea el adecuado, ya que , entre otros, «algunos de los compromisos alcanzados criminalizan a las empresas, y son demasiado graves, especialmente con las pymes», aunque estas en principio no se verán afectadas.

Las nuevas normas se aplicarán a empresas con sede en la UE de cualquier sector, «incluido el financiero» que tendrán más de 250 empleados y una facturación superior a los 40 millones de euros. También estarán sujetos a esta directiva, una vez sea aprobada de forma final, a aquellas empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación global superior a los 150 millones de euros. In lo que respeta a las empresas no europeas, también se verán afectadas aquellas cuya facturación rebase los 150 millones de euros, con al menos 40 millones generados en la UE.

Plan de transición

Por la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, la empresa desarrollará un plan de transición para limitar el enfriamiento global a 1,5 grados centígrados. En el caso de las empresas de más de mil empleados, el cumplimiento de este plan repercutirá en la parte variable de la retribución de los directivos, los bonus.

En materia de respeto a los derechos humanos, la empresa tiende a tomar medidas de respeto a los afectados por su actividad, entre ellos los activistas de derechos humanos y ambientales, antes de introducir un mecanismo de reclamos y vigilancia de manera «regular» la efectividad de su política de diligencia debida. Y tendrán que facilitar la información sobre estas políticas a los inversores.

Una vez aprobada la directiva, en las negociaciones que deberán culminar durante la presidencia española de la UE, las compañías tendrán un plazo de tres a cuatro años para aplicar las nuevas normas, en función de su tamaño y facturación. Una vez que haya entrado plenamente en vigor, las corporaciones infractoras podrán enfrentar sanciones que deberán imponer a los supervisores nacionales. Van desde multas del tipo nombre y vergüenza, es decir, hacer publica la infracción y el nombre del infractor, a retirar sus productos del mercado o incluso multas de «al menos el 5% de la facturación global» de la empresa incumplidora. Además, las empresas infractoras no europeas quedarán excluidas del mercado de contratación pública de la UE.

Durante la discusión del texto, en la sesión plenaria del miércoles en Bruselas, hubo repetidas menciones a la catástrofe del Rana Plaza, el complejo fabril en las afueras de Dhaka (Bangladesh), cuyo colapso el 23 de abril de 2013 causando la muerte de 1.130 personas y heridas a más de 2.500 y provocó revulsión internacional sobre las condiciones laborales sobre todo de la industria textil. La normativa europea qu’impulsa ahora busca evitar catástrofes y la explotación laboral como la que expuso el Rana Plaza, aunque algunos defensores de los derechos humanos y ambiental considerando que no va lo suficientemente lejos.

“Esta ley es un tigre sin dientes y sin garras, faltan mecanismos de Estado para obligar a que se cumplan y respeten las leyes laborales y de derechos humanos”, lamentó la activista contra el trabajo infantil y el trabajo forzado Fernando Morales de la Cruz, fundador de Café por el Cambio.

Para la organización medioambiental WWF, aunque el texto de la Eurocámara supone un «avance» respecto de la propuesta del Consejo de la UE, «sigue habiendo espacio para la mjora para atender detalles cruciales qu’impidien los objetivos de la ley de proteger el planeta y los derechos humanos de una conducta empresarial dañina y para apoyar a las empresas que buscan la sostenibilidad». Para la ONG, hay que ir más allá en materia de diligencia debida medioambiental, planes de clima y hasta la cuestión de la transición de los directivos de las compañías «para garantizar que el mar ley sea significativo para el negocio y el planeta».

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