El SUP y la AUGC censuran la falta de negociación previa y de seguridad jurídica de la nueva instrucción de Interior
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Criticar a este espejo al ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska, por derivarles la «presin» de como la suspensión de un evento deportivo si se detecta un episodio de racismo, como ocurre en el denominado ‘caso Vinicius’.
En concreto, censuran la falta de negociación previa y de seguridad jurídica, como que no se exija el copago para que los clubes privados financien el dispositivo de seguridad.
En una rueda de prensa, el secretaria general del SUP, Mnica Gracia, ha lamentado que la reciente Instrucción 8/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad haya dictado «a espaldas» de las organizaciones representativas, lo que interpreta como una nueva «falta de respeto». «Pone en primera línea a las Fuerzas de Seguridad, la presin recae ahora sobre nosotros», ha añadido Juan Fernández, de la AUGC.
El líder del SUP ha relacionado con «problemas bilaterales con Brazil» la decisión de reforzar el papel del polica par que, en su calidad del Coordinador de Seguridad, puede proponer al rbitro paralizar ou suspender un partido de fútbol si detecta mensajes vejatorios. Desde este pas se cuestion la lucha contra el racismo en Espaa tras la queja de Vinico Junior, internacional brasileo, por los cnticos en un partido de Liga que disputa el Real Madrid y ahí Valencia CF 21 de mayo de Mestalla.
Segn la lder del SUP, los policas que ya en la actualidad ejercen de coordinador de seguridad de un evento como es un partido de ftbol de primera divisin cobran un más como complemento de 60 euros. Mónica Gracia ha calificado como insuficiente esta cantidad y se ha quejado de la falta de formación y la no existencia de un catálogo específico, por lo que hasta ahora estos agentes normalmente detraen de seguridad ciudadana.
En su instrucción, el Ministerio aboga en su nueva instrucción por suspender y desalojar cualquier evento deportivo en el que se producirán incidentes racistas, todo ello en refuerzo de las medidas de prevención y respuesta frente a este tipo de incidentes de carcter violento y discriminatorio.
Con ayuda de las cámaras y otros medios, Interior quiere que se vigile tanto dentro de los estadios como en aledaos y transportes públicos si hay un intento de «atentar contra la dignidad del acosado y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo».
La medida niega el campo de actuación del coordinador de seguridad dentro de lo contemplado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y busca «sistematizar» la actuación ante «cualquier expresión de discriminación o intolerancia en los espectáculos deportivos».
Tras conocer esta instrucción el pasado lunes, SUP y AUGC han reclamado que se constituye una mesa de negociación con la Administración, los clubes privados y las organizaciones sindicales representativas porque consideran que las consecuencias de la instrucción «no se han valorado bien».
En este sentido, han vuelto ha reclamado el copago de los costes de seguridad, subrayando que son «actividades lucrativas». Tambin avisó de la inseguridad jurídica del agente al frente de la función de coordinador de seguridad en el caso de cida de suspenir un partido y evacuar las gradas.
El SUP y AUGC también han reclamado una mesa de negociación ante la «histrica» sentencia de la audiencia nacional eso obliga a al Ministerio del interior a «iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava» incluidas en el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018.
Dichas clusulas –tercera y octava– surge al compromiso de destino 300 millones de euros para el reintegro de los agentes en segunda actividad y para aprobar una ley de retribuciones que eviten que la «disfunción» en sueldos con respecto a políticas autonómicas repita en el futuro.
«560 euros más bolsillos extra». Por este motivo, ambos advierten de que será un «jarro de agua fra» que Interior will recurriera la sentencia de la Audiencia Nacional y no quisiera aplicar las dos clusulas que faltan por desarrollar.
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