La Generalitat acusa al Ministerio para la Transición Ecológica de vulnerar «los principios de seguridad jurídica, confianza legtima y lealtad institucional» al modificar el plan del Tajo, lo que ha generado malestar en Moncloa
El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, se ha encontrado en pleno ao electoral con uno de los mayores problemas políticos al que podrá enfrentarse: el espinoso asunto del agua, con gran impacto en la provincia de alicante eso, como sabéis, es el gran feudo del PP de Carlos Mazón. La reapertura de la guerra del agua ha trado consigo el recorte del trasvase Tajo-Segura, en una batalla en la que el Ministerio para la Transición Ecológica se ha aliado con los intereses de Castilla-La Manchaque su los opestos a los de la Comunidad Valenciana.
Esto es lo que ha motivado que este martes el Ejecutivo de Puig haya consumado su amenaza y haya presentado alegaciones contra el plan hidrolgico del Tajo ante el Consejo de Estado. Entre los argumentos que se deslizan por parte de la Generalidad figura el de que el citado plan puede ser directamente ilegal, además de que Durante el proceso para su aprobación el Gobierno ha sido desleal al cambiar «unilateralmente» su redacción.
La reacción de la Generalitat llega horas antes de que se produzca una manifestación en Madrid contra el recorte del trasvase, en la que participarán los regantes pero también el propio PP. A ella acudirán representantes del Gobierno valenciano, pero el presidente Puig evitará la foto al estar de viaje oficial en Fráncfort. Una ausencia que el presidente de los popularCarlos Mazn, no ha tardado en criticar.
Aun as, el paso dado por el Consell supone en la prctica la ruptura con el Gobierno de Pedro Snchez en este tema, al que se acusa de vulnerar «los principios de seguridad jurdica, confianza legtima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia», segn consta en el texto de la Abogaça de la Generalitat.
Lo que quiere el Consell es que el Consejo de Estado emite información desfavorable sobre el proyecto real de decreto que afecta al plan hidrológico en el que incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. Esta petición se basa en unas alegaciones en las que la Abogacía de la Generalitat insiste en que los «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» que podrían ser «determinantes de la nulidad de pleno derecho» del proceso.
El motive de la polmica est en el cambio de redaccin que sufri la disposicin adicional nouveuna del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llev a cabo ese cambio. El primer texto de esa vinculaba el establecimiento de los caudales ecolgicos a una valoracin previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua. Segn defiende la Generalitat, ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunin del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre, en la que se abstuvo.
Ahora bien, tras esa votación, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. Esto es lo que criticó el propio Puig, que se ha enfrentado directamente a la ministra Teresa Ribera porque el nuevo texto impone unos incrementos «fijos e immovables» de los caudales ecológicos hasta el año 2027, es decir, sin tomar en consideración «ningún análisis anterior del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura».
Dicho con otras palabras, un recorte del trasvase sin posibilidad de revisión, mediante una modificación «unilateral» por el Ministerio que, tal y como censura la Generalitat, se ha hecho «sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua». Por ello, la Abogacía de la Generalitat escucha que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación», lo que podría dar lugar a su posterior anulación.
Por tanto, la Abogaça de la Generalitat sostiene que ha «tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma», por lo que se solicita que se vulva a la versión original de los caudales ecológicos que garantizan el mantenimiento del trasvase. La conclusión es que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de «falta de criterio y rigor técnico».
La decisión e iniciativa de Puig ha generado malestar en el Gobierno. El agua, como sucede con la financiación autónoma, es un tema complejo e cómodo para el Ejecutivo, en el que ni siquiera el PSOE tiene una posición común y donde se evidencian los distintos plantaciones e intereses de los barones socialistas que no dudan, si es precision, batalla plantaire al propio Gobierno como ahora, por ejemplo, hace el presidente valenciano. La vicepresidenta tercera y ministra de Transicin Ecolgica, Teresa Ribera, sin mencionar expresamente a Ximo Puig, s le ha lanzado un mensaje al atemor el que se «tergivers la realidad en favor de determinadas pancartas, de determinados partidos politicos», considerando de manera implcita que actúa como las de Valencia se benefician al PP, los intereses de la oposición.
«En un pas como el nuestro, algo tan clave y basic como el agua no nos debe hacer volver al pasado, no nos debe remitir peridicamente a una guerra del agua», ha sido el mensaje de Ribera tras la reunin del Consejo de Ministrosreprochando que «pase lo que pase siempre hay una diana a la que disparar»: el Gobierno.
En este sentido, incluida la decisión de Puig de presentar alegaciones contra el plan hidrológico del Tajo ante el Consejo de Estado, Ribera ha querido recordar al presidente socialista que el texto remitido a este órgano obtuvo «el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua». The holder of Transicin Ecolgica s ha admitido que en el mismo se introdujeron variaciones de ltima hora respecto a lo consensuado con los territorios y los regantes, pero tambin que hubo una «propuesta de modificacin en el ltimo minuto» y se rechaz por mayor.
Cabe recordar, eso sí, que el Consejo Nacional del Agua está formado por algo más de cien miembros representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de los entes locales, de las organizaciones de cuenca y de diversas organizaciones, junto con peritos individuales, pero donde el Gobierno tiene asegurada la mayora y, por tanto, las votaciones sempre se decantan del lado de sus intereses.
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