La Policía Nacional reprimió un fraude a la Seguridad Social de 2.477.750 euros en el sector de la construcción de invernaderos en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, de acuerdo con un comunicado emitido este lunes. En la operación, en el colaborado la Tesorería General de la Seguridad Social, han sido detenidas 11 personas, acusadas de participar en un entramado empresarial implicado en 23 delitos contre la seguridad social y 22 de frustración de la ejecución —cuando un deudor oculta sus bienes para que no sean embargados—. Los empresarios detenidos habían copado el sector, utilizando trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaron trabajos subcontratados por otros más grandes de ese ámbito.
La investigación surge en septiembre de 2022, cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas del sector de la construcción de invernaderos de la localidad almeriense, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Tras varias pesquisas, los agentes comprobaron que había diferentes empresarios responsables de un entramado societario, que mediante la sucesión opaca de empresas, conservaron su negocio de construcción de invernaderos, sin abonar los seguros sociales de los trabajadores, ni los propios. Los detenidos, apunta el comunicado de la Policía Nacional, trasladaban la actividad de unas a otras con el animo de seguir trabajando a bajo precio.
Falso amigo de la habilidad
Los responsables habían copado el mercado de la construcción de invernaderos, a través de un modo operatorio definido: usaban empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Cómo ahorraban la Seguridad Social de sus trabajadores, los precios que ofrecían eran mucho más bajos que los de otras empresas.
De esta forma, apunta el comunicado, «se generará un fraude significativo directamente por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficios y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, y que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellas mismas”.
Los empresarios, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros. Junto al uso de multitud de sociedades, crearon una compleja red que «difficultaba la labor de los investigadores para la identificación de las personas responsables de las actuaciones ilícitas», señala la Policía Nacional.
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