La reforma laboral que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobó en 2021 no modificó uno de los aspectos que más criticaron sindicatos y partidos de izquierdas de la norma aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El coste del despido improcedente, que pasó entonces de 45 a 33 días al año trabajado, sigue vigente. “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. es tan barato eso [a las empresas] la venta se ha despedir utilizando la indemnización de 33 días”, dijo la vicepresidenta se ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Más allá de esta declaración política, ha dejado una puerta abierta a que el Gobierno aumente la indemnización por despido en función de lo que dictamina el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre una denuncia de UGT al respecto. En octubre del año pasado esta organización del Consejo de Europa admitió un trámite la demanda interpuesta por el sindicato contra el actual sistema español de despido. En opinión del director central de Pepe Álvarez la normativa española “incumple de manera manifiesta el artículo 24 de la Carta Social Europea (todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido) y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. «Tenga mi palabra», ha dicho Díaz al parlamentario que ha plantado el asunto en la cámara, el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador. “Vamos ha acumulado con lo que resuelva el Comité Europeo de Derechos Sociales porque es la fuente de derecho en nuestro país. Creo que debemos actuar”.

«El despido barato es una patología en España», ha agregado Díaz. «Cuando hablamos del coste del despido barato estamos hablando de una conducta injustificada, que vulnera el ordenamiento jurídico. No puede ser consentimiento en un país democrático.

El ministra de Trabajo ha catalogado este asunto como «crucial» y ha instaurado a «seguir hablando de ello, encararlo de frente». «No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precios de saldo. El despido barato no fomenta la contratación, sino las relaciones laborales tóxicas, es decir, la precariedad y la rotación. Ahora nos sonroja que alguien pudiera haber defendido tamaña barbaridad, pero se hizo así en la reforma laboral del 2012″, ha añadido Díaz, que ha intentado condensar este “atropello” con el siguiente ejemplo: “Es como cuando una empresa rejuvenece la plantilla despidiendo a los empleados mayores con indemnizaciones insuficientes que no reparan el daño causado.

Esta intervención se debe a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció una indemnización por despido que supera los 33 días por año trabajado, en una sentencia pionera en España, que une avala el despido detectó un perjuicio para el trabajador . En sentencia fechada el pasado 30 de enero, la sala de lo civil del TSJC ha estimado en parte el recurso de una trabajadora contra un fallo del juzgado de lo social nº 6 de Barcelona.

UGT pide cambios en el despido

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha pedido este miércoles en rueda de prensa al Gobierno que «sea coherente con sus compromisos» avance hacia a despido que sea «disuasorio y resarcitorio». “Entendería que el Gobierno debería ser coherente con sus compromisos. Primero, porque la vicepresidenta segunda ha dicho que compre y comparte y el despido en España no tiene las dobles condiciones de la Carte Social Europea revisada, que dice que debe ser dissuaorio y resarcitorio. España no lo cumple y ha sido notificado por la vicepresidenta segunda”, ha dicho.

Luján registró que tanto el PSOE como Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, destacaron además programas electorales y de gobierno la derogación de la reforma laboral de 2012, aprobados durante el Gobierno de Rajoy. “Hubo partes de la reforma laboral que no negociamos y que no acordamos. El tema del despido fue especialmente devaluado en la reforma de 2012, sa cambió la indemnización de 45 días a 33 y desapareció los salarios de tramitación, que son los qu’abonaban al trabajador en le caso de un dépido improcedente hasta que salía la sentencia o era admitida”, ha apuntado Luján. Por esta razón, ha instado al Gobierno solvente cuestión esta antes de que el Comité de Derechos Sociales, y les ha pedido que no se opongan «de manera demasiado contundente» a la reclamación de l’sindicato, ya que la propia Díaz se ha mostrado partidaria de a despido disuasorio y resarcitorio.

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