La Policía Nacional reprimió un fraude de subsidios europeos en el ámbito rural a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), un sindicato agrario de ámbito nacional. Según han revelado sus fuerzas de seguridad en un comunicado emitido este jueves, hay 42 personas investigadas y se han realizado dos registros en la sede nacional en Madrid y en la regional de Andalucía. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Europea bajo la tutela de un juez de la Audiencia Nacional, reveló la existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas. Es la primera operación de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.

Desde el sindicato, que estaba al tanto de la investigación, han mostrado «su sorpresa y malestar» por el comunicado émiido por la policía y afirman que no se les ha comunicado ningún tipo de irregularidad en el año y medio que se han extendido ido las pesquisas . Los informantes de la Intervención General de la Administración del Estado, defienden, ponen de manifiesto que los fondos sujetos a investigación se limitan a 32.899 euros. El sindicato acusa a la Policía de atentar contra la libertad sindical con su comunicado, «ya que se publica a tres días de la celebración de las elecciones agrarias en Castilla y León».

Actividades subvencionadas no ejecutadas

Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla — que remitió las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación — ya raíz de una denuncia contra el sindicato. En ella se hizo referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas, pero cuya ejecución se encontró subvencionada. Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon presunto fraude en subsidios, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020.

La exhaustividad de la investigación, indica la Policía en su comunicado, se ha sustraído en la extensión temporal de la estafa, así como en su extensión a nivel nacional, los colectivos afectados y la naturaleza de los fondos implicados. Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de extranjeros ciudadanos en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visitó a alojamientos.

Se trata de la primera operación a nivel nacional en materia de fraude de subvenciones europeas instruida por la recien creada Fiscalía Europea. Además de las 42 personas investigadas no detenidas y de los registros de las sedes del sindicato en Madrid y Andalucía, se han solicitado siete requerimientos de información a las de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.

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