La gran banca española —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— registró en 2022 un beneficio histórico de 20.850 millones de euros. Sin embargo, las entidades financieras no siempre ganan cuando los tribunales deciden sobre los derechos de los consumidores. Las hipotecas son los productos que acumulan mayor litigio y con más resoluciones favorables a los ciudadanos. El estudio de jurisprudencia de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) reveló que en 2022 se registró el mismo número de procedimientos contra los bancos recién en 2021, en concreto un 0,70% menos.

Según el Colegio de Registradores, en 2022 hubo 463.463 hipotecas, un 11,2% más que el año anterior. Ante este aumento, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, reconoce que, salvo que la litigiosidad sea estable “para la adecuada depuración de productos abusivos del pasado, como las hipotecas multipartidas, nuestras preocupaciones son productos nuevos y peligrosos que irrumpen”. El informa de la asociación advierte de los futuros problemas que generan unos tips al alza, «con prácticas que pueden ser conflictivas como la vinculación de productos en nuevas hipotecas o clientes que buscan cambiar para mjorar su tipo de interés».

Para 2023, Juan Ignacio Navas Marqués, director social de Navas & Cusí Abogados, afirmó que ha tenido conocimiento de la reciente decisión de la justicia europea respecto a la comisión de apertura de las hipotecas “habrá un incremento de la litigiosidad; también debido a las próximas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por su política de protección al consumidor”.

El TJUE sentenció el 16 de marzo que la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios está sometida al control de abusividad y solo será lícita si es clara y comprensible y no causa un desequilibrio de servicios en la remuneración “por el estudio y tramitación singularizada de una solicitud de hipoteca”. Bufetes y asociaciones de consumidores ven un nuevo filón para derrotar en tribunales a los bancos.

Este no es el único asunto controvertido. Recientemente, la Audiencia Provincial de Tenerife ha anulado la modificación unilateral de un seguro de vida asociado a una hipoteca que supuso un aumento del 400% de la prima. Los magistrados han condenado a la aseguradora del banco ha devuelto a un principio las cantidades que excedieron durante 14 años de la prima acordada. El abogado que ha llevado este asunto, Ymer Isaac González, destaca la importancia de la aceptación del cliente de cualquier aumento de la prima porque «su carencia supone la nulidad de dicho incremento, nullidad que es imprescriptible como viene reiterando el Tribunal Supremo». Esta imprescriptibilidad permite poder reclamar la devolución de las subidas no comunicadas ni aceptadas, lo que también puede dar lugar a un aumento de la litigiosidad.

Cláusulas abusivas

Aunque las reclamaciones sobre hipotecas multidividisas y cláusulas suelo se han reducido de forma llamativa, las sentencias sobre gastos hipotecarios han subido un 60%, según el citado estudio jurisprudencial. También reportó un 40% de las resoluciones sobrias al índice IRPH en 2022, pero se teme un aumento de conflictividad por la primera sentencia del TJUE sobrio si los bancos incurrieron en la práctica abusiva al comercializar hipótesis referidas a dicho índice sin aplicar una negativa diferencia.

Las decisiones de los tribunales sobre cláusulas hipotecarias son en un elevado porcentaje favorables a los interesados ​​de los usuarios. Los juzgados especializados en cláusulas abusivas —órganos creados en junio de 2017 y que analizan asuntos como vencimiento anticipado, cláusulas suelo, intereses moratorios o gastos de formalización de hipoteca— han emitido hasta 2022 más de 503.000 sentencias de estos productos sobre financieros.

El 97,5% de las resoluciones de estos cinco años han resultado favorables a los usuarios, con más de 490.000 sentencias contrarias a los intereses de los bancos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El informa a Asufin también destaca que la tasa de éxito ha favorecido al consumidor siendo muy elevada, con más del 98% de resoluciones positivas en gastos hipotecarios durante 2022.

La banca también ha ganado frases importantes. El Tribunal Supremo en una controvertida resolución de octubre de 2018 estableció que el cliente tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios. Según la comunidad autónoma puede suponer hasta el 1,5% del importe total de la responsabilidad hipotecaria, superior al dinero prestado para el pago de la vivienda.

Sin embargo, los efectos de la sentencia fueron efímeros. El Gobierno aprobó en junio de 2019 la nueva ley hipotecaria para incluir este impuesto entre los gastos que tiene qu’abonar la entidad financiera. El cliente quedó exento del pago de este tributo y se abrió la posibilidad de reclamar este coste en caso de abonarlo el usuario al firmar su hipoteca. El laudo del TJUE de marzo de 2020 relativo al IRPH también respondió a las alegaciones de la banca al confirmar que la publicación de la circular del Banco de España con la fórmula de cálculo de este tipo de este tipo de interés en el BOE es suficiente para comprender cómo funciona .

Antes del litigio, José Ramón Couso, socio de Ceca Magán, aseguró que «clientes, bancos y abogados estamos necesitados de bases sólidas en el contrato bancario». De las principales asociaciones bancarias siempre ha reclamado a los poderes públicos «mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario».

The solidz del sistema bancario y la protección de los derechos de los consumidores deben fundamentar «en claras normas jurídicas que faciliten la financiación y que, como usted sabe, hagan segura la contratación para clientes y bancos», asegura el abogado experto en derecho bancario.

Protección de Europa

Bufetes y asociaciones de usuarios esperan la inminente decisión del TJUE para resolver la cuarta cuestión perjudicial sobre la transparencia y abusividad de la aplicación del IRPH a los préstamos hipotecarios. Desde Arriaga confían en el informe de la Comisión Europea que refuerza la posibilidad de que este índice sea declarado abusivo si no aplica un diferencial negativo. El abogado Juan Ignacio Navas recuerda que, gracias a queja ante la Comisión Europea, el Gobierno «amplió el plazo del vencimiento anticipado» y se primió que por tres cuotas impagadas clarará vencido un préstamo: ahora son necesarios 12 meses de incumplimiento para ejecutar la hipoteca .

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