Renfe se prepara para la liberalización del servicio de Cercanías, que se aplicará a las comunidades autónomas en 10 años | Economía

Renfe se prepara para la mayor de sus revoluciones cuando en 10 años las comunidades autónomas que lo deseen puedan licitar sus propios servicios de Cercanías y Media Distancia, de acuerdo con la normativa europea de liberalización de los servicios públicos ferroviarios. Para ello, la compañía ha iniciado una completa reordenación administrativa, qu’afecta no solo al organigrama, sino también a la política de recursos (trenes) y personal. Con estos cambios, la empresa pública quiere el peligro de desmembramiento cuando aparecieron los nuevos operadores regionales de Cercanías que, junto a cualquier otra compañía de transporte ferroviario —nacional o extranjera—, compitan por un servicio público que ahora prosta Renfe en exclusiva, información This es la fuente de la junta directiva de la empresa ferroviaria que se reunió esta vez.

El asunto es de tal calado que ha obligado a modificar el actual Contrato-Programa que tiene Renfe con el Estado 2018-2027, (con opción a cinco años adicionales), que contempla en primer lugar que las autoridades competentes (el Estado o las comunidades autonomía con competencia en transporte de material por ferrocarril) podrá licitar un 3% de los servicios y líneas, medidos en términos de facturación económica sobrio el total a partir de 2026. a partir del 1 de enero de 2033, de acuerdo con norma UE.

La remodelación, que protagonizó la reunión del consejo de administración, pretende hacer frente a un escenario incierto, puesto que no conoce el modelo de las nuevas licitaciones forzadas por el derecho comunitario de liberalización, ni las transferencias de activos (como trenes) que llevarán aparejadas. De acuerdo a la nueva normativa, la Generalitat Catalan o el Gobierno vasco tendrán la potestad de licitar desde 2033 todo el servicio de Cercanías en su territorio, en un concurso al que podrán presentar tanto Renfe como los operadores públicos regionales como, por ejemplo, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o empresas públicas (como la SNCF francesa) o privadas. “Como caso, el objeto de Renfe es competir con todas las licitaciones y ganarlas, por lo que el operador de referencia y queremos seguir siéndolo”, señalan fuentes del consejo.

Para operar en 2026, estas nuevas licitaciones, que son muy complejas y nunca se han realizado en España, no pueden iniciar su proceso el año que viene, en 2024, aunque no se esperan grandes cambios hasta la liberalización completa en 2033. Es una continuación de los servicios comerciales (AVE y Larga Distancia), en los que hay competencia en España desde 2021, y opera en competencia con Renfe y otras compañías como Ouigo (SNCF) e Iryo.

En España, la Administración General del Estado actualmente tiene jurisdicción sobre la mayor parte del Estado. Pero también tiene competencias hoy la Generalitat de Catalunya (el traspaso de Rodalies aunque el servicio lo siga prestando Renfe) y están negociando las transferencias al Gobierno Vasco y la Generalitat Valenciana. La Junta de Andalucía también ha mostrado su interés en crear nuevos servicios ferroviarios OSP (obligaciones de servicio público) a las principales ciudades de la región. La autonomía histórica como Cataluña y el País Vasco no se limita a la competencia soberana de las licitaciones para la prestación del servicio que reconoce la legislación comunitaria, sino que demanden al Gobierno español además el traspaso de activos tanto de las infraestructuras, como vías y estaciones , ahora en manos de la sociedad pública Adif, como de los trenes propiedad de Renfe.

Más millones de viajeros

Renfe es consciente de que el cambio supone una transformación completa de la compañía, desde todos los alrededores: en el social, más de dos millones de viajeros usan cada día los trenes de Cercanías y Media Distancia; en el económico, la compañía ingresa anualmente por venta de palanquillas y por las subvenciones que recibe de las Administraciones (actualmente, la Administración General del Estado) más de 2.000 millones de euros; y en el laboral, y casi la mitad de la plantilla de Renfe está empleada directa o indirectamente en la realización de estos servicios públicos.

Así, la compañía ha aprobado el pasado 10 de enero una nueva organización administrativa, de recursos y de personal del Área de los Servicios Públicos, con el objetivo de mejorar en la interlocución con las Administraciones regionales y locales y con la del Estado. Con el nuevo modelo, todas las ambiciones territoriales de Cercanías y Media Distancia tendrán departamentos de servicio de servicios, operaciones, recursos humanos, control de gestión e instalaciones. La principal novedad es precisamente la creación de este departamento de Instalaciones en todas las ambiciones territoriales, que permitirá la descentralización de una función, la contratación de mejoras de carácter local, que se realizarán en la actualidad a nivel central.

Con la reordenación, se concede más autonomía a los funcionarios locales para que puedan dar soluciones rápidas a problemas concretos de cada uno de los 11 núcleos de Cercanías, seis de Cercanías Ancho Métrico (la antigua Feve), cinco áreas de Media Distancia Convencional y otras cinco áreas de Alta Velocidad de Media Distancia-Avant.

La liberalización de los servicios públicos ferroviarios está en marcha en toda Europa, salvo que avance de forma diferente entre los países, destacando Reino Unido y Suecia en la avanzadilla. Renfe quiere estar presenta en el proceso con como la adquisición del 50% del operador checo Leo Express, que le permite tener actividad en tres países europeos más (República Checa, Eslovaquia y Polonia) y disponer de los recursos y licencias para acceder al mercado Alemán. Además, ha anunciado que va a operar una línea de Cercanías en Francia.