Los peritos del Banco de España rechazan la revisión de las cuentas del Popular de 2015 y 2016 | Economía

Los peritos designados por el Banco de España en la causa que investiga la resolución del Banco Popular reitera, en un nuevo formulario, que no cabe objetar las cuentas del banco de 2015 y 2016 al no poderse trasladar los resultados de las inspecciones a esos ejercicios con carácter retroactivo.

Tras tomarles declaración en dos ocasiones, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, solicitó una nueva ampliación de los informes a los peritosjudices Teodoro Fernández y Álvaro López, cuyos dosieres fueron muy críticos con la situación del banco. El aspecto más delicado era aclarar si el Popular debería declarar unas pérdidas superiores a 1.000 millones y no un beneficio de algo más de 100. Además, los técnicos no podrán explicar algunas cuestiones suscitadas por la Fiscalía, como el impacto real de algunas magnitudes en las cuentas de la extinta entidad, y admitieron que no tuvieron en cuenta parte de la documentación aportada por PwC. Fue sobre este último punto sobre el que el magistrado les instó a realizar un ejercicio de «simulación», teniendo en cuenta las tasas de PwC.

En el documento presentado ahora el juez, los técnicos reiteraron que el banco empleó «tasaciones no admisibles», así que «no es posible estimar el déficit de valoración, lo que no implica que no estuvieran sobrevalorados». Desde una perspectiva contable, esta simulación no tiene soporte regulatorio y, por tanto, no cabe la demanda de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias, agregan, por lo que no es posible, “desde una perspectiva contable”, asegurar que el déficit de provisiones de los ejercicios analizados sea consecuencia de dichas tasaciones. Tampoco han dispuesto de la secuencia contable individual de cada inmueble, prosigue el documento, por lo que no se puede determinar si un incremento inadecuado del valor contable del mismo y si ello condujo a la liberación de provisiones.

El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investigado desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios. El juez abrió entonces dos piezas paradas, una que investiga al equipo de Ron por la amplificación de capital de 2016, y una segunda sur los 108 días de mandato de Saracho, que centra un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Asimismo, el titular del juzgado central de instrucción nº 5, Santiago Pedraz, investigó la ampliación de capital realizada por la entidad bancaria en 2012 tras exponer los litigios dirigidos contra los responsables de la entidad.

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